Por Andrés Gillmore Socio Fundador Corporación Costa Carrera, Región de Aysén
En enero del 2020, en la ciudad de Coyhaique, en representación de los socios fundadores de la Corporación Costa Carrera (inscripción N° 10774), iniciamos una investigación por Ley 20.285 de Transparencia y Lobby en Contraloría General de la República y Bienes Nacionales por ciertas irregularidades que habíamos detectado en la creación y posterior readministración del Parque Nacional Patagonia a efectos de posibilitar la introducción del proyecto minero Los Domos (de la Australiana Equus) por indicios levantados por actores locales dedicados a defender la región de intereses foráneos en la cuenca del lago General Carrera ante una serie de proyectos atentatorios contra la sustentabilidad de las comunidades, en especial aquellas comprendidas desde Villa Cerro Castillo a Caleta Tortel.
¿Cuáles son esas iniciativas lesivas para el medio ambiente y las comunidades ante las cuales se tuvieron que enfrentar? La salmonicultura que se intentó desarrollar en los lagos Carrera y Bertrand a partir de la década de los años 90 y inicios del año 2000; intento que fue frustrado por la Corporación Costa Carrera ante la posible intervención de los lagos Carrera y Bertrand y por gravedad el río Baker que contaminaba agua de uso publico y privado del sur de Aysén, además se entro en batalla ante el proyecto HidroAysén, que pretendía intervenir el río Baker con represas, pese a que es un curso fluvial clave en la cuenca del lago General Carrera y cuyas aguas desembocan en el océano Pacifico en la localidad de Caleta Tortel, aguas de uso domiciliario y productivo por las comunas de Ibañez, Chile-Chico, Cochrane y Caleta Tortel. La investigación fue tan reveladora, que nunca nos imaginamos lo que encontraríamos en la investigación y nunca se nos pasó por la cabeza, que además de políticos saldrían nombrados ecologistas connotados del acontecer nacional e internacional, que avalaron irregularidades en total contrasentido de los habitantes de las comunas del sur de Aysén y su sustentabilidad ecológica y ambiental, al pretender intervenir con minería el Parque Nacional Patagonia y la cuenca del lago General Carrera y recibir financiación a cambio.
Dimos inicio a la investigación de forma formal, solicitando -vía ley 20.285- información en Bienes Nacionales y Contraloria General de la Republica, por la amenaza de una acusación constitucional realizada por el exsenador Guido Girardi (PPD) que en ese 2018 presidía la Comisión de Medio Ambiente del Senado y la senadora por Aysén Ximena Órdenes (PPD) miembro de la comisión también, contra Felipe Ward ese 2018, ministro de Bienes Nacionales del Gobierno de Piñera II, por la irregular desafectación de 5 mil hectáreas del Parque Nacional Patagonia para desarrollar el proyecto minero Los Domos, de la Australiana Equus.
Con esa base solicitamos información al Contralor General de la República Jorge Bermúdez Soto y paralelamente hicimos la misma consulta en Bienes Nacionales ante los hechos denunciados por los senadores.
Bienes Nacionales contestó en el plazo establecido de 21 días en la ley 20.285, indicándonos que no tenían información sobre la desafectación de 5 mil hectáreas y mucho menos de la introducción de un proyecto minero en el sector, quedando totalmente sorprendidos ante la información entregada, que significaba que la acusación de los senadores Girardi y Ordenes no era real la amenaza?, que era entonces lo que buscaban los senadores al hacer esa falsa acusación? La única forma de saberlo era seguir investigando…
El contralor Bermúdez contestó por escrito once meses después, específicamente el 22 de diciembre del 2020, cuando estábamos en plena crisis de la pandemia y fuera del plazo de los 21 días que la ley 20.285 estipula para que los servicios públicos contesten vis ley de Transparencia y Lobby. En ella, el contralor Bermúdez contestó afirmando que mi solicitud era errónea y la verdad que lo erróneo fue, la amenaza de hacer una acusación constitucional y que los senadores hicieron publico, toda vez que no habían sido desafectadas 5 mil hectáreas del Parque Nacional Patagonia. Bermúdez en su respuesta sostuvo que lo que se había realizado en esa área protegida, fue una “readministración” y que la acción fue realizada por el segundo gobierno de Sebastián Piñera debido a errores en el primer decreto de creación del parque en enero del 2018 en las postrimerías del gobierno de Bachelet II y que el ministro de Bienes Nacionales Felipe Ward, había tenido que devolver 3.815 hectáreas mal incorporadas a esta área protegida, por cuanto se trataba de una superficie destinada al uso de veranadas por pobladores del sector del río Furioso. Además de la devolución de 905 hectáreas de particulares que habían sido mal incorporadas al parque tambien. Del mismo modo, el contralor informaba que Ward había expropiado 37.1 hectáreas del parque y calificando esas hectáreas para uso minero y por lo que el Estado compensó por la vía de donar 2.220 hectáreas más al parque por la expropiación de las 37.1 hectáreas. El titular de la Contraloría informó que el decreto de readministración de diciembre del 2018 por 304.527 hectáreas fue tomado en razón de acuerdo a la readministración realizada por el ministro Ward de Bienes Nacionales. Esa es la versión de los hechos acontecidos que sustentaron el decreto de readministración y su toma de razón por Contraloría General de la Republica firmada por el contralor Jorge Bermudez Soto.
La investigación
La investigación develó que el primer decreto de creación del parque del 29 de enero del 2018 del segundo gobierno de Bachelet no fue tomado en razón por Contraloría ya que tenía 309.445 hectáreas. En otras palabras, el decreto consignaba 7.110 hectáreas más de lo que fue determinado por el Consejo de Ministros en abril del 2017, que eran 302.527 hectáreas. Si consideramos la “readministración” realizada por Felipe Ward como ministro de Bienes Nacionales – avalada por la Contraloría al tomar razón del decreto-, entonces determinamos que la cifra final estaba equivocada: no eran 304.527 hectáreas y sí 306.887 hectáreas. En otras palabras, faltan 2.360 hectáreas.
Le hicimos ver esta inconsistencia aritmética al contralor a través de una nueva misiva, esperando que reconociese el error en la resta. Pero -para nuestra sorpresa- respondió que lo realizado por el gobierno de Bachelet II no se tomó en cuenta al “readministrar”. Quedamos más sorprendidos todavía -y se lo hicimos saber al contralor- ya que esa respuesta no era aceptable al entender que Ward sustentó esa “readministración” en el primer decreto emitido por 309.445 hectáreas. De no haberse tomado en cuenta lo realizado por el segundo gobierno de Bachelet, lo lógico hubiese sido volver a las 302.527 hectáreas que determinó el Consejo de Ministros en abril del 2017 en el protocolo de acuerdo, al ser el Parque Nacional Patagonia la fusión del predio de Douglas Tompkins situado en el Valle de Chacabuco, la Reserva Nacional Jeinimeni, la Reserva Forestal Cochrane y las 49.151 hectáreas donadas por el Estado de Chile.
Posteriormente, Bermúdez respondió que como contralor no tiene la facultad de fiscalizar decretos emitidos por el Presidente de la República y zanjó la discusión. Como ciudadanos nos pareció nuevamente inaceptable la respuesta y tal proceder ante un tema tan relevante.
Nos pusimos en contacto con el Consejo de Defensa del Estado (CDE), a través de su representación de Coyhaique en Aysén, y pusimos una denuncia en contra del contralor Bermúdez, explicando la situación. Desde el CDE contestaron que no podían fiscalizar al contralor por ley, pero nos aconsejaban interponer una denuncia en el Ministerio Público por los hechos.
Una larga travesía para encontrar justicia
En enero del 2023 pusimos denuncia por prevaricación en Fiscalía Centro Norte, en contra del contralor Jorge Bermudez Soto por los hechos relatados en párrafos anteriores, y además en contra de los ex ministros del Gobierno de Bachelet II de Bienes Nacionales, Nivia Palma; y del exministro de Medio Ambiente, Marcelo Mena, en vista de las irregularidades en el primer decreto de creación del parque. La acción también era extensiva a Felipe Ward, exministro de Bienes Nacionales del segundo gobierno de Piñera, quien adulteró la cantidad de hectáreas del segundo decreto de readministración. Asimismo, la denuncia incluía a los senadores de Aysén, el UDI David Sandoval Plaza y la independiente pro PPD Ximena Órdenes, ambos miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Senado; y contra el exsenador Guido Girardi, quien –como ya dijimos- era el presidente de esa instancia parlamentaria. ¿La razón? haber citado a declarar a Felipe Ward en su calidad de ministro de Bienes Nacionales en marzo del 2019, ocasión en que Ward reconoció las irregularidades cometidas e informó de “presiones indebidas” para intervenir el parque para facilitar el desarrollo del proyecto minero de Equus. ¿De dónde venían esas presiones? Del Ministerio de Economía y la agencia GPS (Gestora de Proyectos Sustentables), dependiente de esa cartera.
Se defendió Ward ante la comisión afirmando que Kristine Tompkins, representante legal de la extinta Fundación Tompkins, había aceptado la intervención minera del parque, lo que permitió que su gobierno (Piñera II) pudiera financiar el gran proyecto “Ruta de los Parques” que Bachelet II había dejado sin financiación y con irregularidades en la cantidad de hectáreas. Asimismo, Ward sostuvo que la intervención minera del parque representaba sólo el 0.04% del total de 4.8 millones que abarca el magnífico proyecto, lo que en otras palabras sería ver hecho realidad el sueño de Douglas Tompkins.
Esta información estratégica fue guardada en el cajón del olvido por esta Comisión. Su publicación hubiese permitido poner un recurso de protección en contra del decreto de “re-administración” que asignaba 304.527 hectáreas a esta área protegida.
Hace unas semanas atrás, se hizo público que la minera australiana Equus presentó al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) en septiembre del 2021 para desarrollar un proyecto minero denominado “Los Domos”, en terrenos adyacentes al Parque Nacional Patagonia, que son precisamente las hectáreas que Felipe Ward como ministro de Bienes Nacionales de Piñera II dejó en negro en su decreto de readministración, razón por la cual interpusimos una denuncia en la Fiscalía Centro Norte.
El 15 de marzo me reuní por segunda vez con el fiscal Francisco Ledezma, quien lleva la causa, y los antecedentes que le entregamos demuestran a cabalidad las irregularidades cometidas, las cuales son un claro indicio de corrupción. La investigación, que lleva tres años desde su inicio, es mucho más amplia, y nos sorprendente que lo que presentamos en el Ministerio Público complica a muchos políticos situados en puestos claves. Asimismo, en la denuncia se menciona a algunos diputados que no fiscalizaron como los obliga la ley, del mismo modo que considera la arista minera debido a irregularidades cometidas en Sernageomin y la Superintendencia de Medio Ambiente para ocultar informes que demuestran las ilegalidades cometidas por minera Equus en Chile, así como en el mismo Gobierno Regional de Aysén en 2018.
Hacer pública esta investigación no ha sido fácil y es ingrato pero necesario, sobre todo porque involucra a la extinta Fundación Tompkins, en la actualidad Rewilding Chile, conducida por la viuda del filántropo estadounidense, Kristine Tompkins, quien pudo haber parado todo esto y salvar al Parque Nacional Patagonia de la intervención minera si hubiera denunciado estas irregularidades.
Pero eso es pasado, y lo que queda ahora es tener esperanzas en el fiscal Francisco Ledezma y confiar en su templanza, esa que demostró al concederle el mérito a la denuncia e iniciar un juicio por prevaricación contra los denunciados, la que bien permitiría “sanear” definitivamente al Parque Nacional Patagonia de la irregular intervención minera de Equus, proyectando así al Parque y la cuenca del lago General Carrera como territorio de excepción a efectos de defender su denominación de origen, con su sello verde para sus productos y servicios, cualidad que la ha llevado a ser reconocida como la quinta reserva de agua dulce del planeta.
AQUIAYSÉN 