Los avances de la Fundación Tompkins en el Atlántico Sur

Por Susana Lara

Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral, 300 kilómetros de litoral marino.

En la Argentina, el grupo Tompkins Conservation (TC) desplegó su radio de interés y acción desde tierras costeras hacia aguas continentales marinas bajo jurisdicción nacional. La compra y donación de tierras para la creación del Parque Nacional Monte León en Santa Cruz le permitió proyectar e iniciar un despliegue en dos espacios de la Patagonia, en la cordillera y en el mar. Avanzó en Santa Cruz, quedó paralizado en Chubut, tiene seria resistencia en Tierra del Fuego (TdF). El frente marino es tal vez el menos debatido en sus alcances profundos, con reservas alimentarias y genéticas de altísimo valor estratégico para la vida en el planeta.

“Nuestro objetivo es llegar a proteger el 30% del mar argentino para asegurar la conservación y regeneración de sus ecosistemas mediante la creación de una red de áreas protegidas marinas y costeras”, planteó en su página web institucional. A fines del 2018 la pasada gestión de Mauricio Macri creó por ley los parques nacionales marinos Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II, los primeros en el Atlántico comprendidos dentro del Sistema de Áreas Marinas Protegidas de la Argentina. En su web, TC sigue hablando de tres proyectos (Patagonia Azul / parques nacionales marinos/ península Mitre) aunque no informa si existe normativa aprobada para cada uno de esos proyectos.

La trayectoria de TC se enlaza con otros procesos, cuya profundización queda pendiente para otro momento:

• La reformulación de la estrategia general de la Administración Nacional de Parques Nacionales (APN) que incluyó el océano como espacio territorial a proteger, en concordancia con acuerdos internacionales y marcos jurídico globales;
• La intervención activa de ONGs en la formulación de proyectos de creación de parques y reservas en tensión con los intereses de las comunidades locales directamente afectadas;
• El amplio espectro de ONGs volcadas a lo ambiental que van desde grupos locales de profunda inserción social pero sin estructura, pasando por las reconocidas por los gobiernos centrales que llegan a poner funcionarios en lugares claves, hasta las que tienen capacidad de acción global por sus fuentes de financiamiento y conexiones empresarias y políticas;
• Y, en definitiva, el debilitamiento y retroceso del Estado desde las reformas estructurales del neoliberalismo, que otorga poder a particulares para que moldeen proyectos públicos de acuerdo a su (cosmo)visión e intereses, necesariamente hegemónicos al ser impuestos sin debate social amplio.

Santa Cruz

El proyecto de crear el parque del área Monte León, en la desembocadura del río Santa Cruz, data de 1996, durante la gestión de María Julia Alsogaray al frente del Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente. Contaba con fondos del Banco Mundial para las obras de infraestructura y de la privatización del hotel Llao-llao para la compra de tierras a privados. El proyecto se estancó y la Fundación Vida Silvestre Argentina (FVSA) interesó a Douglas Tompkins y Kristine McDivitt, quienes aportaron 1,7 millones de dólares a través de Patagonia Land Trust (PLT). FVSA actuó como agente fiduciario en la operatoria de compra de la estancia Monte León en mayo de 2001. Un año y medio después se formalizó la donación a la administración de Parques Nacionales. En 2004 se sancionó la ley 25.945 de creación del primer parque nacional marino costero continental con 700 kilómetros cuadrados de espacio marino, algo más de 62.000 hectáreas de estepa patagónica y 40 kilómetros de costa. La provincia aportó tierras y mantuvo la jurisdicción sobre la reserva Isla Monte León. La historia oficial de este caso está volcada en un libro. Más explícito es el plan de manejo aprobado, donde consta que “la donación del inmueble a la APN está sujeta en el contrato de Fideicomiso a una condición suspensiva consistente en la elaboración y aprobación de un plan de acción para el área, por parte de un Comité de Administración creado al efecto y conformado por PLT, la FVSA, la APN, la Provincia de Santa Cruz, la señora Silvia Braun (en nombre de los anteriores propietarios de la Estancia Monte León) y Guillermo Harris, experto en conservación marina de la Fundación Patagonia Natural”.

Estancia Monte León.

Paraguas UNESCO

Distintos proyectos elaborados en distintos períodos aspiraron a alcanzar un manejo unificado del litoral marítimo patagónico, con objetivos diferentes, complementarios y en ocasiones contradictorios.

Por un acuerdo entre la Nación y la provincia de Chubut de 2007, formalizado por ley dos años después, se creó el Parque Interjurisdiccional Marino Costero Patagonia Austral (PIMCPA), ubicado a 28 kilómetros de la localidad costera Camarones, en el golfo San Jorge. Comprende más de 31.000 hectáreas de estepa patagónica y 72.000 hectáreas de espacio marino, más de cuarenta islas e islotes en 180 kilómetros de costa entre el cabo Dos Bahías al norte y la isla Quintano al sur. Al norte el espacio se une con el área natural protegida provincial Cabo Dos Bahía, de 1.160 hectáreas.

Todo ese espacio se revalorizó al ser incluido por UNESCO en la Red Mundial de Reservas de la Biósfera como Reserva Patagonia Azul en 2015. Una superficie comparable a la de Bélgica, con 300 kilómetros de litoral marítimo y una vasta diversidad de especies de flora y fauna nativas. A través de la Fundación Rewilding Argentina, TC tomó ese escenario institucional para plantear su propio proyecto: “El PIMCPA es el punto de partida sobre el cual proyectamos reforzar y expandir la protección de los ecosistemas costeros y marinos, a través del modelo de Producción de Naturaleza”.

Rewilding compró la estancia El Sauce, 20.000 hectáreas de uso ganadero tradicional para carne y lana, que está ubicada exactamente al norte del área PIMCPA, es atravesada por una ruta y se extiende muy cerca del ejido municipal de Camarones. Desde esa base propia desarrolla actividades locales, mientras el proyecto general está aparentemente paralizado. Dentro del área quedaron doce propiedades privadas, entre ellas la de Florent Pagny, francés con propiedades rurales en Cholila, y la empresa Alcalis de la Patagonia, con planta industrial en San Antonio Oeste (Río Negro), según el plan de manejo del parque.

Estancia El Sauce, en Chubut.

En 2016 Rewilding se entrevistó con funcionarios públicos provinciales y legisladores de Chubut, etapa que pudimos revisar con un profesional contratado por la fundación. Martina Sasso encabezó esa ronda de conversaciones, contrató un equipo para analizar toda la legislación local sobre áreas protegidas y régimen local de áreas costeras, lo amplió con biólogos y especialistas de universidades asentadas en la zona. Con un diagnóstico jurídico en la mano, inició conversaciones con las autoridades de aplicación del PIMCPA; con Néstor García, ministro de Turismo y áreas protegidas, así como con el titular de pesca deportiva. En algún momento la agenda del Ejecutivo local la acaparó la crisis institucional cada vez más severa y la fundación dejó de mover fondos en el terreno. Así, al parecer el proyecto ambicioso está acotado en la base sólida propia de la estancia El Sauce, al menos en esta etapa.

El sur del sur

El desembarco de TC en TdF fue muy debatido públicamente, resistido, con destino incierto de acuerdo al pormenorizado relato que ofrecieron Nancy Fernández, de la Asociación Mane’kenk, y Nora Loekemeyer, ex directora provincial de Áreas Protegidas entre 2004 y 2008.

En 2014 se aprobó la creación del Sistema Nacional de Áreas Marinas Protegidas. Conservation Land Trust (CLT) desembarcó en la isla en 2017, poco después de iniciar las tratativas en Chubut. Lanzó el programa de conservación marina “Sin Azul No Hay Verde”, slogan detrás del cual se licuó la identidad CLT, que causa mucha resistencia donde se respira vivo el conflicto irresuelto con Gran Bretaña por las Islas Malvinas y Georgias del Sur. La campaña pública inicial la hacen jóvenes que promovían y colaboraban en el proceso de creación de las dos primeras áreas marinas protegidas (Yaganes y Namuncurá-Banco Burdwood II), lo que el macrismo hizo al año siguiente.

En ese clima, se plegó a la campaña de sectores y organizaciones locales contra las salmoneras en el canal de Beagle, unificando el movimiento y los intereses conservacionistas que alientan en Chile. Hicieron visible el conflicto con remeros en kayak, en una estrategia de marketing del estilo de la desplegada en el sur contra el proyecto Hidroaysén. Fue un año muy activo. La Argentina y Chile anunciaron la voluntad de establecer un área de interés científico común: Parque Marino isla Diego Ramírez-Paso Drake (Chile) y la futura AMP Yaganes (Argentina), en tanto que TdF impulsa la creación de un Parque de la Paz Bioceánico.

Campaña contra las salmoneras en el Canal de Beagle.

Así, el gobierno provincial anunció la creación del área protegida Península Mitre, un viejo proyecto local que por distintas coyunturas se demoró desde su ingreso a la Legislatura en 2003. Busca proteger aproximadamente 300.000 hectáreas de tierra y 200.000 hectáreas de mar, incluyendo las aguas circundantes a la Isla de los Estados. Son tierras fiscales provinciales que contienen turberas, formación particular pantanosa considerada entre los mejores captadores naturales del carbono, estrategia para mitigar los efectos del calentamiento global que tiene consenso global. La fijación del carbono es un servicio de la naturaleza al que el mercado le puso precio. Rodolfo Iturraspe, secretario de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, explica que “en América del Sur, la concentración más importante de turberas extra tropicales es la que está en la Patagonia. En Península Mitre se encuentra la principal concentración de turberas del país: 2.400 kilómetros cuadrados”.

Una parte de la discusión es quiénes son los actores del proceso de protección del área y cuál es el instrumento jurídico más apropiado, si una reserva de jurisdicción provincial de acuerdo a lo previsto por la Constitución Provincial, o un parque nacional como el que impulsa TC. Toda la promoción e información por parte de la fundación confunde al usar la identificación de parque Península Mitre. Otra discusión pendiente es sobre el modelo económico que propone, una vuelta de tuerca respecto al conservacionismo expulsor de pobladores, marca de origen oligárquico de Parques Nacionales. Sin demasiada profundidad teórica, para alejarse de las críticas que suscita la ecología profunda de la que surgió Tompkins, el grupo promueve “la producción de naturaleza. La conservación no como una alternativa a la producción sino como una producción alternativa que genera una serie de bienes y servicios. El debate ya no es entre producción o conservación, sino entre tipos de usos productivos dentro de un mismo territorio”. Esa síntesis es más amigable con las poblaciones locales en algunos casos, pero insuficiente para analizar esta variante de territorialización y acaparamiento verde por parte de capitales trasnacionales vía fundaciones.

Sasso pidió una reunión con los ambientalistas de TdF. Ofreció su contacto directo con Marcos Peña Braun, en ese momento jefe de Gabinete del gobierno nacional. Tenían un fuerte lazo a partir de un decreto a medida que habían conseguido en 2016. “No era lo que buscábamos nosotros, que fuercen decisiones locales con operaciones políticas”, recordó Loekemeyer.

Mane’kenk no tiene traducción. Es el nombre que se dio a sí mismo el pueblo originario que habitó la península Mitre, el mismo que la colonización blanca llamó haush. Muchas cosas sólo se entienden en lengua local.

* Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para este informe.

Las operaciones de la Fundación Tompkins en Sudamérica

Estancia de los Tompkins en la isla de San Alonso, en Corrientes.

Por Susana Lara desde Argentina

Unos pocos meses antes que se realizaran las elecciones generales y se recuperara la democracia en la Argentina, en 1983, el empresario norteamericano Douglas Tompkins inscribió una empresa en Corrientes: The Conservation Land Trust SA (CLT). Sus primeras compras de tierras se conocieron diez años después; para entonces ya había iniciado las operaciones en Chile. Tompkins Conservation (TC) es un operador fundamental en el proceso general de reconfiguración del territorio en la etapa neoliberal y de control de tierras rurales ubicadas estratégicamente en reservas de agua dulce y acceso directo a plataformas marítimas en América del Sur. La estrategia de donación para la creación de parques nacionales tanto en Chile como en la Argentina logró imponer, desde los propios intereses de estos capitales verdes, restricciones de uso a importantes superficies. Los objetivos de recuperación de suelos degradados, conservación de especies en riesgo y la reintroducción de especies desplazadas por la acción humana generan, al menos en el noreste argentino, un frente de conflictos sostenido desde hace veinte años.

El bloque de poder constituido por TC –en alianza con ONGs argentinas, estancieros locales y los sucesivos gobiernos– creció y se desplazó en conflicto con al menos dos comunidades del pueblo guaraní, pequeños productores, organizaciones medioambientales de base, productores agropecuarios que no quieren vender al capital trasnacional, así como con algunos sectores del espacio científico y académico que cuestionan el modelo conservacionista y los proyectos de reintroducción de especies de fauna silvestre a la medida de las exigencias del turismo internacional. De su mano desembarcó el fondo de inversión Harvard Management Company, otro peso pesado en el acaparamiento de tierras. Su condición de actor dominante se ve, además, en el conflicto que mantiene con Alfredo Roemmers, empresario de la industria farmacéutica propietario de un campo vecino, por la producción ganadera que colisiona con la conservación de los humedales.

El modelo Tompkins se consagró hegemónico (en total armonía con el neoextractivismo) cuando el Estado nacional y las provincias de Corrientes, Chubut y Santa Cruz hicieron propio el proyecto de estos flujos de capitales del que participan la Fundación Wyss, entre otros inversores. La Nación recibió en donación tierras para crear el parque y reserva nacional Iberá en 2018, como antes lo había hecho con el parque nacional Monte León, creado por ley en 2004.

El grupo Tompkins

En las publicaciones institucionales TC da cuenta de un grupo integrado por Foundation for Deep Ecology, Conservación Patagónica, Fundación Pumalín, Conservation Land Trust y Fundación Yendegaia. En la Argentina, TCL SA estaba constituida por cuatro firmas radicadas en Estados Unidos: Sur Aike LLC (el menor porcentaje accionario), Conservación Patagónica LLC, Iberá LLC y Esteros LLC (51%), de acuerdo a información de organismos públicos presentada ante el Registro Nacional de Tierras Rurales. Esa firma se disolvió después de la muerte de Tompkins en un accidente deportivo en Chile en 2015 y tras la donación de tierras para la creación de los parques nacionales propuestos en la Argentina. Algunos de sus activos quedaron en manos de Fundación Rewilding Argentina, otros en manos de Kristine McDivitt, su esposa, sola o con Eduardo José Chorén, Dolores Perea Muñoz y Laura Mabel Fernández, socios argentinos. Con Pampa Parners SA, Tompkins y Chorén gestionaron y administraron tierras rurales de terceros en Perú, Paraguay, Brasil, Uruguay, Chile y Argentina.

Kristine McDivitt, la viuda de Tompkins, en el Impenetrable.

La operadora ambientalista local más fuerte fue la Fundación Flora y Fauna Argentina, que inscribió a su nombre uno de los campos adquiridos en Corrientes y luego donado para el parque nacional. En 2020 se recicló como Rewilding. En tanto que Conservación Patagónica, sociedad anónima con nombre de fundación, fue absorbida por TCL.

A fines de los ‘90 compró 110.000 hectáreas en Corrientes a Pecom Forestal SA (del grupo Pérez Companc), firma a la que recreó como Empresas Verdes Argentinas SA y de la que se desprendió años después. Empresas Verdes tenía su matriz en California y una gemela en Chile, de acuerdo a nuestra revisión de la documentación. Al menos tres estancias en Corrientes son controladas por otras tantas sociedades anónimas, lo mismo que las de Entre Ríos, junto al Paraná, que fueron vendidas en los últimos años.

Las operaciones de compra, recuperación, fraccionamiento, reventa y donación de tierras merecen una revisión detallada ya que dan cuenta de mecanismos corporativos muy eficaces y altísima capacidad de lobby, de acuerdo a los testimonios recogidos. La intervención de este grupo fue clave para la reconfiguración de la matriz productiva y de los capitales presentes en una provincia importante en la economía nacional, con producción para la exportación (cítricos, arroz, carnes) y controladora del movimiento sobre el río Paraná.

Un humedal Iberá en el acuífero guaraní

La formación del humedal del Iberá comprende más del 14% de la superficie total de la provincia de Corrientes. Las aguas de sus esteros, bañados y pantanos son la expresión superficial del acuífero Guaraní, la tercera reserva mundial de agua dulce. Allí TC acaparó al menos 200.000 hectáreas, de acuerdo a documentación del Registro Nacional de Tierras Rurales que puede estar desactualizada. Según la propia TC donaron más de 150.000 con distinto nivel de conservación.

En 2018 se sancionó la ley de creación de una reserva nacional de 23.000 hectáreas y el parque nacional con el aporte de 157.000 hectáreas fiscales provinciales. TC permanece con propiedades privadas dentro de ese espacio para desarrollar sus propios proyectos de conservación y de explotación turísticas. A la vez, el Estado le reconoció la supervisión general del plan de gestión con la incorporación de trece municipios.

Ese andamiaje jurídico es clave para el desarrollo del programa de restauración de fauna localmente extinta que inició CLT en 2006, que incluye diez especies como el oso hormiguero gigante, el venado de las pampas, el pecarí de collar, el tapir y el guacamayo rojo, sumado a la creación del Centro Experimental de Cría de Yaguareté (CECY), con fines de reintroducción. “Estas fundaciones pretenden reemplazar al Estado en su función de proteger la vida silvestre”, interpretan algunas fuentes críticas. Lo cierto es que el Estado lo permite.

Glamour salvaje

En el norte del país, TC desarrolla dos proyectos independientes aunque vinculados: el de los esteros del Iberá y el del Impenetrable (Chaco). La reintroducción del guacamayo rojo y del yaguareté concentran buena parte del poder de lobby tanto de la prensa como de un arco científico involucrado (ecólogos, biólogos, genetistas) que intervienen en el hilado fino de la expansión de la frontera interna del plan conservacionista de estos capitales privados. También los proyectos de translocación de dos especies entre dos espacios, el tapir del Impenetrable al Iberá; y, a la inversa, el ciervo de los pantanos.

Guacamayo rojo en la reserva del Iberá.

Los trabajadores de los organismos públicos involucrados advirtieron sobre algunas irregularidades.

En 2015 finalizó la construcción del Centro de Reintroducción de Yaguareté; al año siguiente se introdujo desde Brasil la primera hembra reproductora. En junio de 2018 nacieron los primeros dos cachorros de yaguareté en el Centro de Reintroducción de esta especie, en la isla de San Alonso, propiedad de Tompkins. En enero y en abril de este año se liberaron ejemplares con fuerte impacto en la prensa internacional.https://www.youtube.com/embed/vEoDX0zu-0I?enablejsapi=1&autoplay=0&cc_load_policy=0&cc_lang_pref=&iv_load_policy=1&loop=0&modestbranding=0&rel=1&fs=1&playsinline=0&autohide=2&theme=dark&color=red&controls=1&

Menos espectacular fue la cobertura en la prensa local el año pasado de la muerte de uno de los ejemplares de guacamayos recién nacidos que había sido alimentado por semillas de girasol, como mascotas domésticas o un zoológico sin control.

La Administración Nacional de Parques Nacionales aprobó en 2018 la reintroducción experimental del ciervo de los pantanos al Impenetrable y al año siguiente autoridades sanitarias nacionales aprobaron el traslado de al menos 60 ejemplares. Las mismas autorizaciones se hicieron en 2019 para cinco ejemplares de tapir, en cumplimiento de un convenio marco entre CTL y Parques de 2017.

El debate científico y técnico todavía es puertas adentro. Es indispensable una discusión más amplia sobre los modelos dominantes de conservación, especialmente en su tensión con la cosmovisión propia del pueblo guaraní en proceso de reconstitución en comunidades en la zona. Falta debate público sobre políticas comunitarias para la protección de las especies nativas en corredores biológicos que incluyan a la sociedad local y sus lugares de vida y trabajo. Tampoco hay precisiones sobre el origen de los animales introducidos, las certificaciones correspondientes y los controles genéticos de esos ejemplares: más documentación y menos manipulación de los imaginarios sociales y la opinión pública.

El mercado del turismo internacional modeló una imagen colonizada de África como paradigma: la fauna salvaje convertida en objeto de consumo de las elites. El despliegue de prensa, el discurso construido por TC y reproducido en cada artículo, twitts y fotografías tiene mucho de mercantilización de la vida salvaje, de vaciamiento del territorio al hacerlo puro paisaje.

El ciervo de los pantanos es el mas grande de Sudamérica, el yaguareté el felino de mayor tamaño, el guacamayo rojo el más atractivo visualmente, el tapir el mayor de los herbívoros sudamericanos. Ese discurso está plasmado en los documentos, en los epígrafes de las fotos, en los libros editados.

Debajo del marketing, el capital conservacionista es depredador.

* Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.

Confusión verde y el legado de Douglas Tompkins en Argentina

Tompkins carecía del tufillo imperialista que se le endilga.

Por Mario Gustavo Costa

Dos notas de Susana Lara en esta página (Hegemonía Verde y Ojos Imperiales) yerran en datos que la apartan de lo abierto a la opinión. Como lector regular de El Cohete a la Luna he seguido a Lara y coincidido en muchos casos. Lo superficial de las que ahora critico llama la atención; son fácilmente accesibles fuentes para hacer pie más firme en temas que conozco (en algunos, estoy aun involucrado), luego de casi 50 años de actividad en temas ambientales.

El marco

Conservar la mayor parte posible de la biodiversidad subsistente en el planeta es prioridad asumida por la humanidad. 2020, por decisión de Naciones Unidas, fue el Año Mundial dedicado a potenciarlo, compromiso asumido también por nuestro país. En ese marco, las áreas naturales protegidas son un elemento primordial; incluyen desde las de mayor nivel de protección (los Parques Nacionales, PN) hasta reservas de variados tipos. La Argentina, pionera en el desarrollo de PN, tiene un bajo porcentaje del territorio tutelado en alguna forma; se dan progresos diversos, aunque el Estado requiere aportes participativos. Y, coincido con Lara, hay supuestos de maquillaje verde o incluso de encubrimiento de negocios ajenos a su sentido.

Algo sobre Douglas Tompkins

Carecía del tufillo imperialista que, no es nuevo, se le endilga. Sonreía ante imputaciones de esa laya, como la de que invertía para llevarse el agua de nuestros ríos en buques tanque, ¡y hasta por Internet! Fue un apasionado, obsesivo amante de los espacios prístinos, combinaba esa inquietud con una notable capacidad para aunar voluntades para ampliar la red de protección, sobre todo en nuestro país y Chile, sus patrias adoptivas.

Proveniente del capitalismo extremo, tomaba distancia con sus paradigmas; combinaba la utópica Ecología Profunda del filósofo noruego Arne Naess con la adecuación a las realidades. En nuestra primera conversación, comenzó el diálogo diciendo “qué difícil es conseguir que los argentinos con plata [ninguno de nosotros] abran sus bolsillos para proyectos de bien público”; luego de un almuerzo amontonados en su casa –más sencilla que la de cualquier argentino de clase alta– donde cocinó su esposa, me regaló el libro de gran formato Wildlands Philantrophy, que compila la tradición norteamericana en esta materia.

Obra en Progreso 1990-2010 (disponible en www.tompkinsconservation.com) sorprendería a sus críticos por la variedad de aspectos sociales tomados en cuenta, sobre todo al descubrir que financió la edición de El enemigo de la naturaleza, el fin del capitalismo o el fin del mundo de Joel Kovel, nominado en 2000 a la presidencia de los Estados Unidos por el Partido Verde, muy a la izquierda de Bernie Sanders, precursor del Pacto Verde Global que hoy se discute.

Tompkins, avezado piloto y propietario de varios aviones, viajaba a Buenos Aires en ómnibus en aras de disminuir la huella de carbono personal; no distinguía ideologías al argumentar, siempre con paciencia y respeto; respeto tangible en su trato con las comunidades locales, que procuraba mejorar buscando el Ecolocalismo. Tenía veleidades arquitectónicas, pero su idea del turismo hacia la Naturaleza era amplio y en nada compatible con la iniciativa de camping con glamour o glamping lanzada en 2019 por el gobierno macrista, descalificada en mi artículo Oportunidades contra Natura. El traje que se le quiere hacer vestir no le calzaba.

Parque Nacional Monte León

El proyecto del primer PN Marino Costero de la Argentina lo congeló la Administración de Parques Nacionales (APN) en el gobierno de la Alianza y, tras su caída, no había dinero para la compra de tierras. Tompkins –con Conservación Patagónica, presidida por su esposa Kristine– aportó alrededor de 1.800.000 dólares —¡época del corralito!— a un fideicomiso que compró la estancia Monte León, donada luego a la APN. Néstor Kirchner siguió de cerca el proceso, la Legislatura de Santa Cruz aprobó la cesión de jurisdicción y el Congreso Nacional ratificó por unanimidad la creación del PN en 2004. Gracias a esa contribución generosa, tenemos protegida una magnífica muestra de estepa y costa atlántica. Propuesto como fideicomisario suplente en esa gestión, lo rechacé por mis funciones de juez federal de cámara.

Falla Lara al sostener que The Conservation Land Trust SA (CLT) conservó el manejo parcial de Monte León. ONGs conservacionistas, organismos provinciales y la APN, con amplia participación del municipio de Puerto Santa Cruz, INTA, etc., elaboraron el Plan de Manejo en paralelo al procedimiento de creación. Ese ejemplo de planificación puso énfasis en involucrar a las comunidades locales e incentivar las prácticas sustentables (Objetivo General 7).

RNE El Rincón

Esa estancia de 15.000 hectáreas, aledaña al remoto PN Perito Moreno, de singulares valores naturales, la adquirió Tompkins en 1993 con CLT y esta la cedió a Conservación Patagónica, gestionándose ante el gobierno menemista incorporarla al PN. Planteada la donación, Áreas de Frontera, a cargo de un gendarme recalcitrante, o bien dilataba sine die las actuaciones o reiteraba exigencias imposibles de cumplir, ¡para que por decisión de un extranjero se enriqueciera el patrimonio nacional! Logró su objetivo, se desistió de donar esas tierras. En 2013, en un clima de confianza renovada, se renovó aquella voluntad; aceptada la donación, desde 2016 el sitio es Reserva Natural Estricta, armonizada con el PN. No hubo, como tampoco antes, cargos condicionantes para el Estado Nacional.

Parque Provincial El Piñalito

En 1990 un conservacionista inglés firmó un precario contrato para adquirir un predio al Este de Misiones; comenté –a tono con la época– que «esto lo firmaron en una servilleta». Se saneó el título, pero… faltaba la plata, que aportó Tompkins con CLT; así se compraron las 3.397 hectáreas donadas a la provincia.

El Iberá

Trataré de sintetizar lo relativo a este singularísimo ecosistema.

• De inicio, Tompkins –personalmente o a través de CLT– apuntó a la conservación integral de tan importante humedal, entonces apenas formal. Aunó esfuerzos con la Fundación del Iberá, liderada por Perico Perea Muñoz (su hija Mariana integra hoy el equipo de Rewilding, pero no como inversionista). Anunció su propósito de donar tierras para un PN, buscando vencer la reticencia del gobierno provincial y los terratenientes locales. Para la provincia (gobernada por la “dinastía” radical de los Colombi), la superficie bajo dominio público rondaba las 50.000 hectáreas en un total de 1.300.000. Técnicos de CLT investigaron los datos catastrales –deteriorados no casualmente– e informaron a los correntinos que eran dueños de más de 500.000 hectáreas, ¡diez veces más que aquella cifra!, detectando luego varios intentos graves de apropiación ilegal de tierras públicas, que derivaron en las denuncias pertinentes. No suenan a gestos de impronta colonialista.
• Aportes de CLT mejoraron drásticamente la infraestructura de campings públicos y la incorporación a tareas de conservación de pobladores de la zona, algunos antiguos mariscadores convertidos en guardafaunas (tarea iniciada por Perico y la Fundación del Iberá).
• El conflicto con Forestal Andina y Estancias San Eugenio (no son propiedad del Grupo Roemmers, como indica Susana Lara, sino cercanas a este), fuere por los terraplenes ilegales o el bombeo ilícito de agua, lo respaldó CLT, que también apoyó la acción de S. Cirignoli por la contaminación hídrica con fertilizantes, descuidada por la autoridad local. No era una pugna entre propietarios de tierras sino contra muy graves amenazas ambientales. Se disfrazó –y se disfraza– a ese conflicto aduciendo supuestos desplazamientos de pobladores, lesión a pueblos originarios, etc., siendo que esa red de terraplenes aisló el Paraje Yahaveré y a sus habitantes. Tompkins en 2009 me facilitó sobrevolar la zona con uno de sus pilotos y varios colegas. Con las fotografías expliqué el problema a Raúl Zaffaroni, quien sólo conocía la versión de los usurpadores. La Corte Suprema rechazó la queja de Forestal Andina (a lo largo de seis años 15 jueces fallaron unánimemente contra esos abusos).

Terraplenes del Iberá.

• CLT promovió la Ruta Escénica, desarrollando nuevos accesos turísticos al Iberá. En 2000 sólo era posible de modo público por Colonia Pellegrini y G. Galarza. En 2010 se avanzó con otros nueve portales y más tarde con otros dos, que potencian el crecimiento de las poblaciones cercanas, con sustanciales mejoras económicas para esas localidades y los lugareños.
• En 2009 respaldó la oposición del gobierno nacional a la represa de Ayuí Grande, obra a medida de la UTE de George Soros y José Aranda (vice de Clarín), mientras Ricardo Colombi clamaba por la «soberanía» (sic) de la provincia.
• En vida de Tompkins, hubo consenso entre los actores públicos y privados y se conformó el Gran Parque Iberá. A las 550.000 hectáreas del Parque Provincial se añaden las 155.000 donadas por CLT cumpliendo lo expresado desde el vamos que dan vida al PN Iberá, en una experiencia pionera de gestión integrada que hasta Colombi celebró. En 2019, la donación de 11.594 hectáreas sumó la RN Silvestre Cambyretá. No tengo dudas que las últimas dos décadas han ido a favor de la conservación del patrimonio silvestre y la calidad de vida de sus habitantes, lo cual choca con la imposición de un modelo neoextractivista, tal como pregona Lara. Imbrica las áreas protegidas (PN u otras) en el marco local, asumidas por las comunidades como factor de progreso aspirando al esquivo –y vapuleado– desarrollo sustentable.
• Tampoco hay base para sostener que los tejemanejes de la Universidad de Harvard en la región guarden relación con estas iniciativas, claramente diferentes.

La reintroducción de especies

Conocida como Rewilding, importa una apuesta de Tompkins y sus colaboradores. Su objetivo final es la restauración del ecosistema de Iberá (replicándolo en otros casos similares), experiencia con pocos antecedentes en el mundo y cuyo detalle dejaré a los especialistas. Dato sorprendente: en la encuesta realizada sobre reintroducir al yaguareté (extinto desde hace muchísimos años en la provincia), una gran mayoría de pobladores rurales estuvo a favor; el slogan «Corrientes vuelve a ser Corrientes» tuvo enorme repercusión y la llegada de los primeros ejemplares reproductores dio lugar a festejos populares.

La tarea es harto compleja, fracasos no faltan y a veces los potencian errores de enfoque, pero se ven resultados que quien ama la Naturaleza celebra. El Iberá fue saqueado durante décadas, considerado apenas útil como pintoresco reservorio de aguas y fácil presa de la depredación extractivista (ahora sí), ante un Estado distraído. Recomponer su trama vital responde a la manda fijada en el artículo 41 de la Constitución Nacional. Como es obvio, los reinsertados núcleos animales (o de la flora, cuyos propágulos cubren distancias) se esparcen hacia áreas vecinas; no están confinados en las tierras que fueron de CLT. Un trabajo no exento de conflictos generados por apresuramiento o mala comunicación de los operadores, cuestión abierta al debate, como bien apunta quien iniciara esa gesta en Iberá, Ignacio Jiménez Pérez, en su valioso libro Producción de Naturaleza. Parques, Rewilding y Desarrollo Local (CLT 2018).

PN El Impenetrable

Las generales de la ley me comprenden al respecto. Patrocinados ad honorem por la Asociación Ornitológica del Plata (AOP) y el Museo Argentino de Ciencias Naturales, recorrimos este particular bioma ante el destrozo provocado por la campaña «Chaco Puede» de la gobernación de la dictadura (Expedición Hornero 77).

Luego di charlas alusivas y publiqué lo que con orgullo considero mi primer artículo sólido en la materia. En 1996, con el guardiaparques Walter Sam Sucunza y el periodista especializado Roberto R. Cinti visitamos la Estancia La Fidelidad, autorizados por Don Manuel Roseo, su propietario. En ese último relicto argentino de ese ambiente, lanzamos al Bermejo una botella con un mensaje expresando el deseo de que el sitio fuera declarado Parque Nacional. En 2009, como Presidente de Aves Argentinas (AA, la ex AOP, la más antigua entidad ambientalista de América Latina), llevé al Directorio de la APN esa idea.

Botella al Bermejo en 1996 para que fuera declarado parque nacional.

El atroz asesinato del señor Roseo y su pareja provocó de inmediato que la APN gestionase que el gobernador Jorge Capitanich adoptara medidas de protección de la estancia y condujo a un proceso expropiatorio que culminó en el actual PN. CLT fue parte sustancial en la obtención de los fondos para esa primera etapa, que generó una clara grieta: terratenientes clamando por el supuesto ataque a la propiedad privada, mientras que el PN (creado también con aportes de una colecta popular) tuvo y tiene el apoyo –entre otros– de alguien tan súbdito del imperialismo como Mempo Giardinelli.

Aunque in extremis la gestión anterior de la APN concedió a CLT una injerencia inaceptable en aspectos del manejo del PN El Impenetrable, en especial sobre el mentado rewilding, a partir de directivas del ministro Juan Cabandié esa colaboración vuelve a su carril: el control le cabe a la autoridad de aplicación.

PN Patagonia

De adverso a Benetton y otros, la gran mayoría de las propiedades de Tompkins en Chile sirvió para crear áreas protegidas (PN Corcovado y otros en proceso); él proponía un PN binacional que consolidase la conservación integral de los biomas patagónicos y la relación de ambos países. El proyecto cayó bien en varias comunidades en Santa Cruz, pero no llegó a concretarse.

Merced a la donación al Estado Nacional de varias estancias, sobre todo en la Meseta del Lago Buenos Aires, junto a lotes de dominio fiscal se formó el actual PN. Resguarda un ecosistema menguado por la acumulación de abusos pastoriles, introducción de especies exóticas y abandono. Incluye el núcleo reproductivo esencial del Macá Tobiano –ave zambullidora endémica en grave amenaza de extinción– además de otras especies en riesgo. Las ONGs del grupo Tompkins son titulares de otras estancias, no integradas al complejo por una reciente ley provincial que restringe su creación y por desaciertos en las tratativas de compra o planteos a las provinciales, aprovechados por actores vinculados a explotaciones tradicionales que los magnificaron. El asunto es objeto de una acción judicial ante el Juzgado Federal de Caleta Olivia.

De otro lado, Fundación Fauna y Flora Patagónica (FFFyP) dio en comodato a Aves Argentinas, que lleva adelante el Programa Patagonia con variadas acciones, la Estación Biológica Juan Mazar Barnett, en el linde del PN, concesión libre de restricciones –salvo la obvia de respetar su objeto–, a punto tal que disensos entre los equipos científicos de ambas entidades sobre abordajes de tareas convergentes no afectan la independencia de cada una.

PN Patagonia. Foto Kaitlin Murphy.

Cañadón del Río Pinturas y Cueva de las Manos

Durante décadas se reclamaron medidas para preservar ese extraordinario monumento arqueológico, depredado en forma reiterada pese a la inclusión en el Patrimonio de la Humanidad (UNESCO, 1999) y bajo dominio privado. En 2015 FFFyP compró las 600 hectáreas que incluyen esa maravilla de los argentinos, luego donadas por Rewilding a la Provincia de Santa Cruz; el 13 de julio de 2020, la gobernadora Alicia Kirchner firmó el decreto de aceptación, haciendo mérito de la creación del Parque Provincial Cueva de las Manos y la Reserva Charcamata, por lo que lucharon instituciones locales y organismos nacionales.

La obra de Douglas Tompkins, como cualquiera, no debe estar exenta de revisiones críticas, pero puestas en su debido quicio. Ejercicio sugerido: comparar sus acciones con las de Mr. Joe Lewis en Lago Escondido.

Fundación Wyss

Hansjörg Wyss, que apoyó la campaña de Joe Biden por entender que la gestión de Donald Trump era un peligro para el planeta, la creó en Estados Unidos, y a los aportes propios suma los de otros donantes. Tiene un objeto filantrópico amplio, con importante atención a cuestiones de salud pública; desde 1998 ayudó a incorporar más de 10 millones de hectáreas a diversas áreas protegidas en todo el mundo y en 2018 lanzó una campaña para reunir un fondo de 1.000 millones de dólares a favor de los objetivos de conservación 2030. Su información propone fortalecer esfuerzos locales, visibles en la diversidad de subsidios otorgados.

Llegó a la Argentina merced a cierta instancia de Tompkins y aportó para la creación de los PN El Impenetrable y Patagonia. Luego dio a sus contribuciones criterio propio, asignándolas a nuevas áreas, en general relegadas en la planificación. Con su ayuda se concretó el PN Aconquija (compra de Laguna del Tesoro y otros sectores esenciales) y lo que hasta hoy conforma el PN Traslasierra, en la estancia Pinas de Lisandro de la Torre, activo remanente de la sucesión Manubens Calvet.

Días pasados, el ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Juan Cabandié, junto con autoridades de Córdoba y de la APN, anunció la creación del PN Ansenuza que abarcará parte de la Laguna de Mar Chiquita, mar interior cuya conservación es un anhelo demorado si los hubo. El aporte de la FW está en el núcleo de este avance y vale como ejemplo. En todos los casos, los subsidios de FW no imponen otras condiciones al donatario que las obvias. Para crear un PN requiere no sólo la adquisición de las tierras (a veces por la vía de la expropiación), ya que luego la provincia debe dictar una ley cediendo la jurisdicción y al Estado Nacional compete aceptar la donación y que el Congreso dicte a su vez la ley de creación. Esa complejidad, como cualquier donante serio plantearía, es la que FW contempla en los documentos a cuyo cumplimiento supedita efectuar su contribución. Como miembro de la comisión directiva de Aves Argentinas he analizado esa documentación. AA-AOP es la ONG que media en las largas negociaciones precedentes a la firma y ejecución de esas donaciones, consecuencia del prestigio alcanzado en más de un siglo de trayectoria sin mancha y a la confianza generada por nuestro eficaz equipo ejecutivo.

Sobre el PN Ansenuza coinciden los especialistas y también el doctor Enrique Bucher –profesor emérito de la Universidad Nacional de Córdoba y autor de la obra más vasta sobre el área– en que la zonificación inicial no es idónea para que el futuro PN cumpla con su finalidad, porque abarcaría sólo sitios cubiertos por las aguas, omitiéndose espacios esenciales a la dinámica del ecosistema. FW a través de AA-AOP planteó un diseño superador, hoy en manos de los técnicos de la APN, que virtualmente duplica esa superficie. Esa réplica roza un resquemor del gobierno provincial, al insistir en que no pueden quedar fuera del PN los actores tradicionales de la ganadería trashumante y otros pobladores arraigados que practican actividades necesarias para asegurar aquella dinámica. Esto es, sin las comunidades locales no es viable avanzar y lo sostiene condicionando su apoyo… el supuesto agente del imperialismo.

Final

Como anticipé, dejé de lado lo que no está en mi experiencia directa. Susana Lara cuestiona de buena fe la gestión de áreas protegidas con apoyo privado, que ve como facetas del infausto neoliberalismo. De adverso, el axioma «pensar globalmente y actuar localmente» preside hace muchos años la acción ambientalista y la de comunidades que conviven con los sitios a preservar.

Parafraseo a Douglas Tompkins e imagino su sonrisa amarga antes los plañidos de los obligados al Impuesto a las Grandes Fortunas. Quizás, también, haya quienes se sientan impulsados a seguir el ejemplo del Perito Moreno y otros que aportaron a conservar nuestro patrimonio natural.

Tompkins Conservation, 30 años de mercantilización de la naturaleza en Chile

Estrategias de camaleón

POR SUSANA LARA MAY 23, 2021

Kristine McDivitt, viuda de Douglas Tompkins, junto al Presidente chileno Sebastián Piñera

La trayectoria de Tompkins Conservation (TC) en Chile permite revisar un modo particular de inserción de capitales trasnacionales en Sudamérica desde la primera etapa del neoliberalismo, con la (re)creación de condiciones para la incorporación al mercado desregulado de amplios espacios de alto valor medioambiental y escasa población local. Con un conjunto de fundaciones y sociedades anónimas (algunas radicadas en paraísos fiscales), logró que sus proyectos conservacionistas se convirtieran en política de Estado de las democracias recuperadas, sin que en el debate público se los identificara como una variante de mercantilización de la naturaleza. La práctica de donación de tierras privadas forzó el aporte de otras de propiedad fiscal para la creación de parques y reservas y, al mismo tiempo, moldeó a la naturaleza como commoditie en una variante de reprimarización de la economía para la inserción subordinada de nuestros países en el mercado global. Estos son apuntes provisorios para una lectura del modelo de acumulación económica y de poder que TC construyó en 30 años en la región.

TC comenzó a operar en Chile en plena aplicación del modelo neoliberal y la apertura total de mercado. Hernán Büchi era el ministro de Hacienda, egresado de la Universidad Católica con posgrado en la de Chicago. Con The Conservation Land Trust (TCL) y el aporte financiero de otros dos extranjeros, hizo la primera compra de tierras en 1989, hacia el final de la dictadura pinochetista. Un bosque de pehuén (araucaria) de 524 hectáreas ubicado cerca de Pucón, donde se formó la reserva privada El cañi. En la Argentina había iniciado su actividad empresarial seis años antes. En 1990 compró un campo unos kilómetros al sur, en Pumalín, que desató un fuerte movimiento de propietarios de tierras interesados en vender, describieron fuentes locales. “Un gringo con plata compra campos” fue el rumor que recorrió todo el sur. Se hizo con 290.000 hectáreas en Pumalín entre 1990 y 1998; 290.000 hectáreas en 1994 para el parque Corcovado; y en 1998 casi 39.000 de la estancia Yendegaia de Tierra del Fuego –con acceso al Beagle– de acuerdo a la información volcada por TC en Ética de la Tierra.

Las economías locales atravesaban una crisis severa, de la que la ganadería para carne y lana no se recuperaron más. La industria textil local agonizó con el aluvión de las importaciones asiáticas y la producción de carne sufrió lo propio con el ingreso de Chile al Mercosur. Así, los propietarios de tierras no pudieron sostener las producciones tradicionales. Muchos vendieron, algunos se reciclaron al turismo, relató Andrés Gillmore, propietario de un complejo de cabañas para el turismo en Puerto Guadal, junto al lago Carrera, en la comuna de Chile Chico. Él reconvirtió la producción de su campo con la caída abrupta del precio de la lana en el ‘92. Se deshizo de la hacienda y se inició en la pesca con mosca. Esa fue la coyuntura en que se expandió Tompkins, que invirtió capitales propios y canalizó otros de terceros. En ese contexto se conformó la Corporación Costa Carrera en 1994, con pobladores y prestadores turísticos para defender el desarrollo sustentable y el sello verde de origen, institución que integra Gillmore desde su fundación.

Sectores de la política local no acordaron en que el neoliberalismo desatara la venta de tierras. En 1995, la Cámara de Diputados solicitó a la Presidencia “disponer a la brevedad una adecuada asesoría jurídica a los colonos de la provincia de Palena y estudiar la implementación de programas económicos y sociales que promuevan el poblamiento y un desarrollo integral de esa zona”.

Comprar / donar / ampliar

Según la propia TC, desde 1989 compraron 500.000 hectáreas en distintos puntos del sur de Chile. Donaron buena parte de esa superficie para la creación de parques y áreas protegidas. Con ese fin, El Bosque Pumalín Foundation (después transformada en TCL) firmó en 1997 un acuerdo inicial con el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Esos años fueron de debate y conflictos hasta trabar las alianzas políticas que finalmente posicionaron los proyectos conservacionistas como políticas de Estado. Esas alianzas supusieron dos grandes frentes: el de los partidos políticos tradicionales y los sucesivos gobiernos nacionales, y el de la sociedad civil local, especialmente entre las ONG´s ambientalistas locales y los propietarios de tierras tradicionales. Así es que Douglas Tompkins, su esposa Kristine McDivitt y su equipo necesariamente trabaron relación con las administraciones de Patricio Aylwin (1990-1994), Frei (1994-2000), Ricardo Lagos (2000-2006), Michelle Bachelet (2006-2010), Sebastián Piñera (2010-2014), segundo período de Bachelet (2014-2018) y el presente segundo mandato de Piñera.

Según el periodista Andrés Azócar, autor del trabajo biográfico El millonario verde, el año más difícil del proyecto fue 1995, cuando parte del empresariado local y de la derecha confrontaron con Pumalín. Ese revés lo revirtió aportando fondos a la campaña presidencial de Lagos (dos millones de dólares, según algunas fuentes), quien en el gobierno ratificó los acuerdos previos. En diciembre de 2003 firmó un acuerdo complementario con el gobierno nacional, que se debatió y ratificó en el Congreso nacional al año siguiente. En 2005 se materializó la primera donación y creación de un santuario de la naturaleza. Se declaró parque nacional en 2018, con algo más de 400.000 hectáreas en la Región de Los Lagos, lo que da cuenta del proceso político-institucional. Bachelet y MacDivitt anunciaron, al mismo tiempo, la creación de la Ruta de los Parques, iniciativa ambiciosa a la medida del mercado internacional que requiere de un financiamiento que no puede afrontarse con fondos públicos.

Bachelet junto a McDevitt en el acto de creación de la Ruta de los Parques.

Desde el Estado, el diseño del proyecto estuvo a cargo de la Corporación para la Conservación y Preservación del Medio Ambiente que opera como una consultora ambiental. Entre sus proyectos se encuentran los planes para el desarrollo de Pumalín (2000-2004), del Parque Tantauco de Sebastián Piñera (2005-2007) y de Conservación Las Margaritas (2011), de Andrónico Luksic.

Escenario del sur

Uno de los proyectos conservacionistas era el Parque Patagonia en la región de Aysén, que Tompkins imaginó de carácter binacional, por lo cual compró tierras simultáneamente a ambos lados de la cordillera de los Andes. Por eso se plegó inmediatamente al rechazo al proyecto de explotación industrial HidroAysén por parte de capitales españoles, que preveía la construcción de dos represas en el río Baker (el más caudaloso de Chile) y tres en el Pascua. En 1990, la empresa energética Endesa recibió gratuitamente y a perpetuidad los derechos de agua de los ríos Ibáñez, Pascua y Baker. Aysén venía de estar movilizada en oposición a la instalación de una explotación industrial de salmones, experiencia victoriosa sobre el que el movimiento social local se dispuso a confrontar nuevamente.

TC financió y encabezó la campaña internacional contra la construcción de centrales hidroeléctricas en los ríos Baker y Pascua, según un relato minucioso que nos hizo Gillmore, quien participó de ese proceso. Contrató a Patricio Rodrigo (ingeniero agrónomo del Partido por la Democracia, PPD) para hacer una consultoría sobre la forma de enfrentar a HidroAysén, que derivó en la creación del Consejo de Defensa de la Patagonia y el lanzamiento de la campaña “Patagonia sin represas”. Rodrigo ya había trabajado en Pumalí y asesorado para superar el enfrentamiento con Frei y otros sectores políticos. La acción de Rodrigo incluyó a “Chile Ambiente, corporación que fue receptora de cuantiosos fondos desde Estados Unidos, los que habrían sido conseguidos por Tompkins. Como el Consejo de Defensa de la Patagonia no tenía personalidad jurídica, las distintas ONGs que la conformaban manejaban sus propios fondos, los que eran utilizados para financiar la millonaria campaña que posicionó el rechazo a HidroAysén en todo el país. Los documentos de la Foundation for Deep Ecology, que presidía Tompkins en Estados Unidos, registran transferencias por 200.000 dólares para Chile Ambiente en 2007 a través del Tides Foundation, especializada en intermediar donaciones para organizaciones sin fines de lucro. En los años siguientes no se precisa el destinatario final, pero los reportes de Tides dan cuenta de que entre 2007 y 2009 se transfirieron 740.000 dólares a Chile Ambiente para financiar la defensa de la Patagonia”, según una investigación sobre financiamiento de funcionarios públicos que incluye a Rodrigo.

La campaña internacional de Tompkins contra HidroAysén.

Otra imagen del rechazo al proyecto industrial de capitales españoles.

Otra imagen de la campaña, en zona rural.

La crisis de las hipotecas subprime en Estados Unidos golpeó las finanzas de Tompkins, quien retiró el financiamiento a la campaña y se concentró en su proyecto propio de los parques, según Gillmore. Ese movimiento repercutió en el escenario de las ONGs locales y debilitó la base social de la crítica a la explotación industrial de las aguas. Los capitales españoles propietarios de los derechos de aguas del proyecto revendieron a capitales de origen italiano. Finalmente, en 2014, el Comité de Ministros de Bachelet rechazó el proyecto hidroeléctrico.

A fines de 2015, Tompkins murió y McDivitt fortaleció las tratativas con Bachelet. A días de finalizar su mandato de gobierno, en 2018, la Presidenta firmó en un solo día una serie de decretos que permitieron la creación del proyecto más ambicioso, la Ruta de los Parques de la Patagonia, que suma más de 4 millones de hectáreas con 17 unidades enlazadas. La Contraloría General de la República advirtió errores que la gestión Piñera subsanó con un recurso de alcances todavía no advertidos en toda su magnitud, al menos desde la Argentina. En la donación de tierras fiscales para el Parque Patagonia, la administración Bachelet incluyó irregularmente tierras de veranada de pobladores de la zona de Mallín Grande, aledaña a Chile Chico, y otras de particulares. El gobierno retiró esas tierras del parque e incluyó en compensación otras, que incluyen un área minera adjudicada a la trasnacional de origen australiana Equus Mining, anunció el gobierno desde el pequeño pueblo de cordillera. La megaminería del oro es tan incompatible con un parque como HidroAysén, interpretó Gillmore.

El proyecto de oro y plata aprobado está dentro de la cuenca hidrográfica del lago Carrera (llamado Buenos Aires del lado argentino), considerada la quinta reserva mundial de agua dulce. Su protección y conservación está comprendida en acuerdos binacionales firmados en los ‘90. Si el proyecto megaminero es un caballo de Troya que pone en duda cualquier pretensión conservacionista, resta establecer quién y cuándo permitió su ingreso y qué alcances tiene tanto sobre la cuenca hídrica como respecto a la minera en el espacio territorial bajo jurisdicción argentina.

El caso de TC en Chile muestra los ajustes y reajustes del neoliberalismo en relación a los bienes de la naturaleza, tanto por parte de los capitales como de los gobiernos locales.

Javier Grosso, geógrafo investigador de la Universidad Nacional del Comahue, realizó la cartografía para esta nota.